En la actualidad, al menos 18 municipios de los Países Bajos aplican alguna modalidad de control policial sobre las personas que buscan casa (ver este cuadro).

Los propietarios preguntan a la policía, a veces por medio de las autoridades locales, por su opinión acerca de alguien que busca casa. La policía verifica qué detalles se conocen de la persona concernida y da su consejo sobre el "riesgo vital" de la misma.

Los criterios utilizados para controlar a los inquilinos varían según el municipio. En algunos de ellos, se investigan sus antecedentes delictivos en un sentido amplio, como el fraude, los delitos contra la propiedad, la manipulación de bienes robados, delitos relacionados con la droga, prostitución, trata de mujeres y agresiones sexuales. En otros municipios, se investiga únicamente si la persona ha tenido conductas malas, ruidosas o violentas en el entorno cercano a la casa.

Llamada telefónica

A veces, los buscadores de casa reciben una única llamada telefónica en la que se les dice que no tienen permiso para alquilar. Es imposible objetar nada, porque la evaluación municipal o policial no constituye una decisión oficial.

La policía afirma que sus controles se basan en los artículos 16 y 20 de la ley de Datos policiales (WPG), en virtud de la cual la policía tiene la facultad de transmitir información con el objeto de mantener el orden público. No obstante, según Stef Blok, ministro de Vivienda y Administración Pública, no está permitido hacerlo.

El WPG, afirmó, "no proporciona una base legal para negar el alojamiento a quienes buscan vivienda". El ministro añadió también que en la actualidad "no existen opciones preventivas que puedan impedir el acceso a la vivienda a un inquilino molesto o delictivo".

El ministro quiere legalizar la práctica

Con una nueva reforma legal (explicación), el ministro quiere dar un fundamento legal a estas prácticas de control. Dicha reforma está en la actualidad siendo tratada en el Parlamento, pero el principal órgano consultivo del Gobierno, el Consejo de Estado holandés, sostiene la idea de que el ministro debería retirar la reforma:

"La concesión selectiva de alojamientos a través de controles previos tiene como consecuencia una seria vulneración de los derechos fundamentales de libertad de residencia, libre circulación de personas y respeto a la privacidad personal de los buscadores de casa. El Departamento [la rama consultiva del Consejo de Estado] expresa que la necesidad de la medida ha sido insuficientemente probada debido a la falta de evidencias sobre la naturaleza, las dimensiones y la gravedad de la cuestión. Además, no se ha fundamentado la proporcionalidad de esas indagaciones de largo alcance. Finalmente, el Departamento concluye que la efectividad de la propuesta no ha sido demostrada de manera convincente."

Más aún, el Consejo escribe que encuentra demasiado drástico que alguien sea juzgado a partir de una visión de conjunto de los datos policiales disponibles, porque es difícil determinar la veracidad de dichos datos. Un informe sobre disturbios no tiene por qué ser siempre verídico o haber sido causado por la persona a la que se refiere. Además, frases como "conducta conflictiva" o "molestia ruidosa" son vagas y muy subjetivas.

El Parlamento tampoco está convencido

D66 (demócratas), ChristenUnie (Unión Cristiana), SP (socialistas) y CDA (democristianos) no están aún convencidos y tienen muchas preguntas sobre la necesidad y la eficacia de las medidas. D66 hace la observación de que, aparentemente, unos 380 municipios no realizan estos controles previos y consiguen prevenir los problemas de convivencia de otra manera.

VVD (liberales) son los únicos que declaran apoyar el proyecto de ley : "La importancia de un entorno vital seguro tiene un peso considerablemente mayor que la restricción de los demás derechos fundamentales". Otros partidos no han formulado preguntas sobre el proyecto.

Como alternativa a esas investigaciones de calado, los municipios pueden optar por no llevar tan lejos las medidas de control. A la persona que busca casa se le pide "solo" un certificado de conducta (VOG). Tiene menos alcance porque en un VOG únicamente pueden incluirse aquellos comportamientos por los que el inquilino ha sido efectivamente perseguido por la ley.

Esta contribución ha sido hecha por Privacy Barometer.