Las noticias en la prensa informan que los gobiernos de Hungría y Polonia están dispuestos a levantar su veto al Marco Financiero Plurianual (MFP) y al fondo de recuperación para relanzar la economía tras la pandemia. Pero únicamente si todos los gobiernos de la UE acuerdan una "declaración interpretativa" que establezca cómo funcionará en la práctica el mecanismo de condicionalidad. Esto puede parecer una concesión menor, pero corre el riesgo de que el mecanismo acabe siendo inoperante.

En primer lugar, la declaración interpretativa limitará mucho cuando se puede activar el mecanismo

El Fidesz y el PiS quieren asegurarse de que el mecanismo solo se pueda activar para abordar la corrupción o fraude que afecta al dinero de la UE. Dicen que es para evitar que el mecanismo se active en relación con las violaciones de los derechos humanos contra las personas LGBTQI o las personas que migran.

A nivel académico, esto no tiene sentido, porque una declaración interpretativa no es jurídicamente vinculante. El texto de la propuesta de condicionalidad indica que el mecanismo puede activarse en circunstancias más amplias, pues define "Estado de derecho" para incluir la posibilidad de acudir a los tribunales por violaciones de los derechos fundamentales, incluida la no discriminación. Es decir, si un gobierno comienza a eliminar sistemáticamente las garantías de derechos humanos, la Comisión tendría motivo para activarlo. Así pues, si el mecanismo se activara y un gobierno llevara a la Comisión a los tribunales por ello, el TJUE tendría en cuenta esta declaración, pero daría prioridad al texto de la ley.

La cuestión es más política que jurídica: habiendo firmado una declaración que dice "acordamos no activar el mecanismo en casos que no sean de fraude/corrupción", ¿se sentiría la mayoría de los gobiernos cómoda para activarlo fuera de estas situaciones en el futuro? Si algunos gobiernos son reacios a activarlo de por sí, ahora podrán esconderse tras esta declaración. Y es altamente probable que muchos lo sean, porque temen que pueda ser utilizado contra ellos en el futuro. Eso ha quedado claro por lo difícil que ha sido conseguir que la mayoría de los países apoyen el Artículo 7.

En segundo lugar, la declaración permitirá que Orbán siga abusando de los fondos de la UE para impulsar su reelección en 2022

La declaración indicará que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe pronunciarse sobre la legalidad del mecanismo antes de que pueda ser utilizado por primera vez. Es posible que el TJUE pueda decidir sobre la legalidad del mecanismo antes - incluso a pesar de que el Consejo decidiera retrasarlo remitiendo la cuestión al tribunal, la Comisión o el Parlamento Europeo podrían hacerlo sin demora. Y el TJUE puede asimismo dar prioridad a una respuesta. Por ello, podría haber una respuesta antes de 2022. Sin embargo, luego hay que tener en cuenta el tiempo que pasa antes de que el mecanismo se active realmente (existe un proceso que implica debates de ida y vuelta y una votación). Es decir: Orbán probablemente ganará el tiempo suficiente.

En tercer lugar, la declaración comprará tiempo para los ataques irreversibles a la democracia

La declaración reforzará un "freno de emergencia" existente para retrasar el mecanismo después de que la Comisión lo active. Los ataques a la democracia y al Estado de derecho en Hungría y Polonia son difíciles de revertir, a menos que haya un cambio de gobierno (y con mayoría absoluta en el caso de Hungría). Ambos gobiernos han logrado alargar procedimientos jurídicos y políticos en Bruselas, mientras siguen destruyendo o tomando el poder de las instituciones democráticas en sus respectivos países. Han aprovechado cada retraso para seguir construyendo un sistema en el que será difícil que pierdan el poder.

No tiene sentido

Los otros 25 gobiernos no necesitan aceptar esta declaración para avanzar. Como ha señalado Daniel Keleman, pueden votar la propuesta de condicionalidad por mayoría. El Fidesz y el PiS, de hecho, no pueden permitirse el lujo de seguir bloqueando el fondo de recuperación y el MFP, por lo que dejarán de amenazar en cuanto se vote la propuesta de condicionalidad.