En marzo de 2015, el ministro de Interior y el ministro de Seguridad y Justicia de Holanda presentaron un proyecto de ley de "Medidas administrativas para combatir el terrorismo". El proyecto de ley temporal (que será retirado en un plazo de cinco años) propone varias medidas administrativas –por ejemplo las prohibiciones de acceso a determinadas zonas o la prohibición de entrar en contacto con determinadas personas, medidas que restringen la libertad de circulación y el derecho a la privacidad.
Estas medidas pueden aplicarse contra las personas que, en razón de su conducta "pudieran estar vinculadas a actividades terroristas o respaldar actividades terroristas". Por otra parte, el proyecto de ley propone la prohibición de salir del espacio Schengen para las personas sospechosas de viajar fuera de este área con el propósito de integrarse en organizaciones terroristas.
El Comité Holandés de Juristas para los Derechos Humanos (NJCM) ha publicado un comentario sobre el proyecto de ley. A juicio del NJCM, el proyecto de ley vulnera el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el artículo 2 del Protocolo 4 del CEDH y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El Comité de Derechos Humanos y el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa ya hicieron públicos comentarios muy críticos sobre un proyecto de ley similar del año 2009 (que finalmente fue rechazado), e instaron al gobierno holandés a reconsiderar el proyecto de ley. Criticaban la falta de control judicial previo, el redactado confuso, la pena en caso de incumplimiento de la ley (que puede llegar a un año de prisión), y la ausencia del requisito de una sospecha razonable –cuestiones que no han sido modificadas en el actual proyecto de ley.
El proyecto de ley plantea también muchos problemas a la luz del Derecho de la Unión Europea; en este sentido, el NJCM se remite a los comentarios sobre la ley realizados por el Comité Meijers.
