La primera sesión de la audiencia sobre el proyecto de ley tuvo lugar el 19 de mayo en el Sejm (la cámara baja del parlamento polaco). La Polish Helsinki Foundation for Human Rights ha emitido una opinión crítica sobre el proyecto de ley en relación a varios cambios propuestos.
Aunque el gobierno se comprometió a abrir un debate público, el proyecto de ley no solo no se ha debatido, sino que se ha mantenido en secreto durante varios meses.
"Esta decisión no se corresponde con la importancia del objetivo de la ley: garantizar la seguridad pública. Para poder garantizar un valor tan fundamental como este, debería llevarse a cabo un extenso debate que permita analizar a fondo las enmiendas a la ley", señala Barbara Grabowska-Moroz, la autora de la opinión crítica.
Definición opaca de terrorismo
La Helsinki Foundation for Human Rights ha criticado la definición de
"acto terrorista" en el proyecto de ley, que incluye un catálogo de
actos elaborado en base a criterios discriminatorios y centrado en el
extremismo de un solo grupo religioso.
¿Luchar contra el terrorismo o contra los extranjeros?
Una de las partes más preocupantes del proyecto de ley es la regulación que permite que un extranjero sea objeto de vigilancia de las fuerzas del orden. De acuerdo con el proyecto de ley, dicha vigilancia podría durar 3 meses simplemente con la aprobación del Fiscal General. No necesitaría el permiso de un tribunal.
Bloqueo de sitios web
Una propuesta de bloqueo de sitios web resulta contraria a las normas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Especialmente, porque el proyecto de ley no impide suficientemente la posible arbitrariedad de las decisiones de las autoridades.
Los problemas fundamentales son la falta de una supervisión judicial efectiva de las fuerzas policiales y que solo el Fiscal general y la Dirección de la Agencia de Seguridad Interior puedan presentar una denuncia contra la decisión de bloqueo de un sitio web.
La Agencia de Seguridad Interior lo sabe todo
El proyecto de ley introduce enormes limitaciones legales en cuanto a la privacidad, al otorgar a la Agencia de Seguridad Interior (ABW) el acceso a los registros y bases de datos recogidos por otras entidades, como el Instituto de Seguros Sociales (ZUS), el Instituto Nacional de Seguros Agrícolas (KRUS), la Autoridad de Supervisión Financiera (Komisja Nadzoru Finansowego) y las autoridades locales.
La ABW podrá tener acceso a las imágenes de los sistemas de cámaras de vigilancia colocadas en instalaciones de servicios sociales, en la vía pública y en otros espacios públicos.
14 días de detención y redadas nocturnas
El proyecto de ley otorga a las fuerzas de seguridad el derecho a realizar redadas nocturnas, por ejemplo, en todos los espacios de vida de un distrito, tan solo con una presunción razonable de que un sospechoso puede estar en la zona..
Otra cuestión altamente criticable es el nuevo derecho que tendrían las fuerzas de seguridad de detener temporalmente a alguien durante 14 días si existe la sospecha de que ha cometido un delito de terrorismo.
En un caso así, no se pasaría por el procedimiento habitual de la utilización de medidas preventivas. Las fuerzas del orden no tendrían que demostrar que la persona detenida ha cometido los delitos de los que se le acusa.
"Por desgracia, el proyecto de ley hace caso omiso de la jurisprudencia existente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Es evidente que el proyecto necesita varios cambios: no se ha abierto al debate público, el procedimiento ha sido extraordinariamente precipitado y plantea toda una serie de violaciónes graves de los derechos y libertades de los ciudadanos" afirma Barbara Grabowska-Moroz.
