Bruselas, 15 de mayo de 2020

Estimado Presidente de la Cámara de Representantes,

Estimados/as líderes de los grupos parlamentarios,

Por medio de esta carta abierta queremos expresar nuestra preocupación por la implementación del sistema de rastreo de COVID-19, cuyo fin es frenar la propagación del virus. El 4 de mayo de 2020 se aprobó un real decreto que estará en vigor durante un mes. Los firmantes de esta carta abierta creemos que no cumple con los derechos fundamentales.

Si bien el rastreo de la enfermedad parece necesario para organizar la flexibilización del confinamiento en el país, debemos dotarlo de las garantías necesarias para combinar la protección de la salud pública con la de los derechos y libertades. En definitiva, debemos rastrear el virus no a los ciudadanos.

Estas garantías incluyen:

Garantizar la transparencia para lograr la confianza de los ciudadanos

Únicamente un marco jurídico que cumpla con las normas de privacidad y protección de datos puede generar esa confianza. La confianza de los ciudadanos es esencial si se requiere su apoyo, y esta se logra con transparencia y no con medidas autoritarias, e implica que sepan por qué se recogen sus datos, cómo se utilizan y que no estarán sujetos al control a través de un centro de llamadas.

La protección de datos como algo útil, no como un obstáculo

El marco jurídico de protección de datos contribuye a frenar la propagación de la epidemia: durante esta crisis sanitaria ha ayudado a reafirmar nuestros derechos y libertades fundamentales, así como el apoyo de los ciudadanos.

Recopilar solo los datos estrictamente necesarios, durante un período limitado

Solo se deben recoger datos estrictamente necesarios para dar información a las personas infectadas. Los datos que permiten identificar a las personas deben ser eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios (después de un mes). Los datos anonimizados (o al menos los seudo anonimizados) pueden ser procesados posteriormente con fines de investigación por toda la comunidad científica, siempre y cuando cumplan con la legislación.

No se puede recoge el número del documento de identidad ni el de la seguridad social

Esta identificación no es necesaria para rastrear el virus. Recopilarla puede ser peligroso, ya que podrían servir para crear bases de datos sobre personas (que contengan datos fiscales y de la seguridad social, entre otras cosas).

Garantizar la responsabilidad política

Es preciso designar una figura política que responda a las preguntas y ofrezca explicaciones sobre el funcionamiento del sistema de rastreo. En ese sentido, la asignación de responsabilidades es un imperativo democrático.

Los firmantes de esta carta consideramos que el decreto emitido el 4 de mayo de 2020 no cumple con estas cinco garantías fundamentales, por lo que instamos al Parlamento a que adopte un marco legal que cumpla con la normativa de privacidad.

Con el fin de impulsar un debate transparente y fortalecer la voz de los ciudadanos, y dada la urgencia de la situación, un comité de reconocidos expertos se reunió para preparar un borrador, que propone incluir las garantías mencionadas en un proyecto de ley. Este texto jurídico tiene por objeto ofrecer una alternativa constructiva al actual real decreto y servir de base para el debate, en el contexto de un verdadero debate democrático sobre esta cuestión.

Agradecemos su atención a este asunto. Expresamos nuestra sincera esperanza de que tengan en cuenta estas consideraciones y peticiones.

Entre los firmantes de la carta se encuentran artistas, abogados, médicos y jueces. Por nombrar algunos: Kati Verstrepen, Philippe Hensmans, Martine Simonis, Felipe Van Keirsbilck, Manuela Cadelli, François Damiens, Marie Messiaen, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Jaco Van Dormael, Michel Visart, Marc Verdussen, Hugues Bersini, Olivier Masset-Depasse, Caroline Copers, Ricardo Gutiérrez, Jacques Englebert y Fabrizio Cantelli.