En la actualidad, el derecho polaco no ofrece a quienes están siendo investigados en un caso de delito menor el derecho de reunirse con un abogado mientras el caso está bajo investigación, y las regulaciones no permiten al acusado el acceso a los archivos de los procesos en su contra. La semana pasada, el Tribunal constitucional de Polonia consideró que estas normas eran inconstitucionales.

En su fallo, el Tribunal Constitucional señaló que la Constitución polaca garantiza a los acusados en casos penales el pleno derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento. El Tribunal añadió que en muchos casos el derecho constitucional a la defensa debe ser entendido más ampliamente de lo que actualmente puede lo es.

En los procesos penales, se concedía el acceso a un abogado sólo en la etapa de juicio y no durante la etapa de investigación previa. Por otra parte, el Defensor del pueblo polaco, al informar sobre el caso a través de una observación conjunta con el Tribunal, señaló que existía un problema más general en la falta de regulaciones para acceder a los archivos del caso durante la etapa de investigación.

Durante el caso, una opinión de amicus curiae fue ofrecida, entre otros, por Open Society Justice Initiative (iniciativa de justicia). La organización subrayó que la actual normativa sobre procedimientos de delito constituía una grave violación del derecho al debido proceso, garantizado por la Convención Europea de derechos humanos, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y otros tratados y documentos reconocidos internacionalmente.

Como parte del programa de Estocolmo, la Unión Europea ha aprobado una serie de directrices destinadas a aumentar las normas de procedimiento para gente sospechosa y acusada, así como las víctimas de crímenes. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho de acceso a un abogado en el proceso penal obliga a los Estados miembros a que a los acusados tengan acceso a un abogado durante todas las etapas del procedimiento, incluyendo antes del primer interrogatorio. La ley abarca casos de delitos menores.

"Los Estados miembros de la UE están obligados a proporcionar un derecho para la defensa de manera contundente en casos de delitos menos graves y sus procedimientos penales," dice Irmina Pancho, una abogada de la Fundación de Helsinki para los derechos humanos. "El fallo del Tribunal Constitucional demuestra la aplicación de la Directiva en casos de delitos menores. La fecha límite para su plena aplicación por los Estados miembros es 27 de noviembre de 2016".

El caso ha sido seguido por Zaza Namoradze, director de la oficina de Budapest de la Open Society Justice Initiative