El desalojo dejará en la calle a hombres, mujeres y niños, algunos de ellos con graves discapacidades o enfermedades.

A pesar de una estrategia nacional para mejorar la integración de los romanís en Italia, se ha avanzado muy poco.

Más de 300 personas se quedarán sin hogar después de que las autoridades de Roma hayan decidido cerrar un centro de alojamiento para familias romanís. La instalación en la Via Salaria proporciona vivienda temporal para familias que han sido desplazadas o desalojadas de otras casas.

Las autoridades municipales dieron varias razones para el cierre del centro. Una de ellas es que el plazo para el que se autoriza la residencia en el centro de alojamiento es solo temporal, a pesar de que nunca se ha fijado por escrito ningún período de alojamiento en cualquiera de los reglamentos de la instalación, ni tampoco se ha comunicado en ningún mensaje a las familias que llegaban.

Otra razón dada por la ciudad es que algunas de las reglas fundamentales de la instalación estaban siendo vulneradas por las familias que viven en la misma, como la prohibición de acoger a personas de fuera no registradas en el centro.

Residentes vulnerables

La aplicación de esta decisión de desalojo empeoraría la situación de los habitantes actuales del centro, haciendo a hombres, mujeres y niños más vulnerables, y con seguridad interrumpiría la escolarización de niños que ahora van regularmente al colegio.

Por otra parte, docenas de mayores con discapacidades y enfermedades graves quedarían en la calle, sin refugio ni cuidados. Como resultado del desalojo, se convertirán en personas sin techo o serán confinados de nuevo en campos étnicamente segregados, donde se restringen de manera intrínseca las libertades y derechos humanos básicos de las familias romanís.

¿Un fallo de la Estrategia Nacional?

En 2012, Italia adoptó su Estrategia Nacional para la Integración de los Romanís (para el período 2012-2020), centrada en la eliminación gradual de la pobreza y la exclusión social de las comunidades romanís marginadas en cuatro áreas principales: salud, educación, empleo y vivienda.

Sin embargo, a cuatro años de la aprobación de dicho documento, a miles de hombres, mujeres y niños romanís se les sigue negando el derecho a una vivienda adecuada en Italia. No se ha logrado ninguna mejora en las vidas de esas personas que pertenecen a una de las comunidades más marginadas del país.

Las autoridades italianas necesitan claramente una llamada de atención, ya que siguen incumpliendo sus propios compromisos, así como las leyes internacionales y de la UE.