Artículo 30 de la Constitución rumana

"La libertad de expresión de ideas, opiniones o creencias y la libertad de todo tipo de creación, así sea con palabras, por escrito, en imágenes, con sonidos o a través de otros medios de comunicación públicos, es inviolable".

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Más de 20 años después de haber luchado garantizar la libertad de expresión en la Constitución, los manifestantes en Rumanía se ven obligados a volver a la lucha, esta vez ante los tribunales. Esto tiene que ver con una ley obsoleta, que, debido a la manera en la cual las autoridades la implementan, restringe el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de expresión. APADOR-CH ha intentado varias veces, en los últimos años, impulsar la modificación de la Ley 60/1991.

Mircea Toma, un periodista y activista en el campo de la libertad de expresión, participó en una reunión espontánea, anunciada en Facebook, enmayo del 2013, junto con varios de sus colegas de Active Watch. La manifestación tuvo lugar frente a la Casa del Pueblo (el Parlamento rumano), cerca del Parque Izvor. Fue una protesta breve y pacífica en la cual los presentes expresaron sus opiniones al otro lado de la cerca que rodea el edificio; no fueron recibidos adentro, donde una comisión sobre la industria estaba llevando a cabo su deber. Los manifestantes se dispersaron después de menos de treinta minutos. Un mes después, Mircea Toma y varios de sus compañeros manifestantes recibieron, en sus domicilios, multas de 500 lei (aprox. 110 euros) por haber "asistido a una reunión pública no autorizada y haberse negado a abandonar el sitio cuando los gendarmes se lo solicitaron".

Lo que realmente ocurrió

Mircea impugnó la multa ante el Tribunal con jurisdicción en el Distrito 5 de Bucarest. Le dijo al juez que no procedía referirse a ese evento como una "reunión pública"; lo que realmente ocurrió fue que un grupo de 15 personas, algo indecisos, se detuvieron durante un corto período de tiempo en la acera, ante la valla de la Casa de la Gente. Es cierto que expresaban su desacuerdo con que los representantes miembros de la Comisión de la Cámara de Diputados para la Industria quienes estaban realizando una reunión a puerta cerrada. Era una sesión donde se discutíanlas enmiendas a la Ley de minas, modificaciones a través de las cuales las empresas privadas estaban a punto de conseguir poderes que obligarían, sin la participación del Estado, a individuos a llevar a cabo proyectos mineros. Esto ocurrió en mayo del 2013, antes del verano que vio el nacimiento del movimiento "Unidos salvamos a Rosia Montana", un movimiento que llevó a las calles a miles de personas. Lo único que encontró Mircea cuando llegó a la protesta anunciada apresuradamente fue los mismos cuatro gatos que suelen congregarse para manifestarse en contra de cuestiones ambientales.

Más numerosos y más organizados que los manifestantes, los gendarmes empezaron inmediatamente a "negociar" el derecho fundamental a la libertad de expresión: se les pidió a los manifestantes que se pasaran a la acera de en frente y que se abstengan de mostrar las pancartas con lemas que portaban. No hubo explicación sobre la diferencia entre las dos aceras o entre protestar con o sin pancartas. Mircea, junto con uno de sus colegas, tomó una pancarta y comenzó a cruzar la calle usando el cruce peatonal al lado del Parlamento (del lado del Parque Izvor). Ni siquiera recuerda lo que decía su pancarta – es probable que el mensaje rezaba: "30 diputados están expropiando a 21 millones de rumanos". Dos gendarmes se les acercaron y pidieron sus DNI; sus datos fueron anotados en un pequeño cuaderno y se les informó que lo que estaban haciendo se llamaba "oscilar", y no "cruzar la calle", como es definido por la Regulación de Tráfico de Carreteras.

Tras unos minutos, el grupo de manifestantes se dispersó; la protesta acabó como empezó: pacíficamente. Las multas llegaron despues. Estas fueron desafiadas en un Tribunal por Nicoleta Popescu, abogada de APADOR-CH. Ella decicidió impugnar las multas no sólo sobre la base del derecho a la libertad de expresión, sino también sobre la base de defectos procesales. No se había seguido el procedimiento establecido por la Ley 60/1991; según los gendarmes, cuando quieren dispersar a los manifestantes, tienen que dar instrucciones de abandonar el sitio repetidamente de manera que se escuche y se vea. La estrategia fue exitosa, por ahora, en el caso de Mircea Toma.

El Tribunal decidió cancelar la multa emitida a Mircea Toma; sin embargo, no lo hizo en base a su derecho constitucional de expresar pacíficamente su descontento con el trabajo del Parlamento, sino porque los gendarmes no usaron un megáfono, ni señalaron con luces la necesidad de que se dispersen los manifestantes.

Solo los abogados y los testigos que declararon se refirieron a la libertad de expresión; pareciera que el único objetivo en mencionarla fue "ilustrar anecdóticamente" lo ocurrido; el Tribunal no lo tome en cuenta de ninguna manera a la hora de tomar una decisión.

"¡Esta sentencia NO es una victoria para la democracia!"

Después de que se anulara la multa gracias a que los gendarmes no siguieron el protocolo, Mircea Toma declaró: "esta sentencia no es una victoria para la democracia; es muy decepcionante ver que la libertad de expresión, que era nuestro punto principal, fue ignorada por el Tribunal. Es cierto que la Ley 60/1991 fue importante a la hora de llegar a esta decisión. La ley empieza bien; Artículo 1 garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos. Sin embargo luego impone varias condiciones que, según nuestra experiencia en las calles, son incompatibles con los principios que se establecen en un principio. Debemos movilizarnos para cambiar la Ley 60/1991: necesitamos una ley que proteja plenamente el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos".

Aunque el caso de Mircea Toma, no supone una victoria para la democracia, sigue siendo uno afortunado. Andreea Petrut no contó con la misma suerte. Ella perdió su juicio contra la gendarmería y ahora se ve obligada a pagar una multa de 2.000 lei (aproximadamente 440 euros) por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión.