Una nueva investigación que detalla cómo las autoridades rumanas pretenden castigar a los policías que cometen abusos contra los ciudadanos acaba de ser publicada por la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía - Comité de Helsinki (APADOR-CH).

La investigación se llevó a cabo entre febrero y junio de 2015, como parte del proyecto "Con la vista puesta en los abusos policiales" del proyecto. El estudio reveló que entre 2012 y 2014, solo 14 de las 3.034 denuncias de abusos policiales formuladas por los ciudadanos contra los agentes de policía llegaron a los tribunales.

También reveló que en el mismo periodo la Inspección General de la Policía de Rumanía recibió 3.301 denuncias de comportamiento policial abusivo, pero se decidieron sanciones disciplinarias en solo 47 de estos casos, esto es, aproximadamente 1 de cada 70 quejas.

Los datos utilizados por APADOR-CH se obtuvieron mediante solicitudes de datos públicos presentados a las oficinas de los fiscales de cada distrito, a la inspección de policía de cada distrito, al Consejo Superior de la Magistratura y a la Inspección General de la Policía Rumana (IGPR).

La IGPR se negó a revelar información de interés público, de ahí que tuviéramos que intervenir mediante una queja administrativa y una acción en los tribunales.

No se toman medidas para prevenir los abusos

La investigación demostró que las fuerzas de policía no hacen un uso suficiente de los medios de que disponen para evitar abusos o ayudar a descubrirlos, tales como la instalación de cámaras de vídeo en las comisarías de policía, que no suponen un coste excesivo.

Por otra parte, en la policía no se toman medidas para informar a los ciudadanos sobre sus derechos. Los agentes de policía se niegan, en contra de la legislación vigente, a hacer públicos los procedimientos relativos a las identificaciones policiales, a la toma de huellas dactilares y a los cacheos, por ejemplo.

El hecho de que los ciudadanos no conozcan estos procedimientos significa que los agentes pueden cometer acciones arbitrarias y que haya una mayor probabilidad de abusos.

Más cámaras por favor

Este secreto puede ser interpretado como un deseo de que el cuerpo de policía siga siendo una fuerza represiva en lugar de una institución más orientada al ciudadano.

APADOR-CH ha pedido al Consejo Superior de la Magistratura que inicie una investigación en relación con las investigaciones de abusos policiales llevadas a cabo en años anteriores por parte de los fiscales.

La organización también pidió a la IGPR y al Ministerio del Interior que asignen con carácter de urgencia la financiación necesaria para aplicar los sistemas de vigilancia en todas las comisarías.

Los abusos policiales, incluso cuando no hay violencia física, sino que hay, por ejemplo, empleo de lenguaje ofensivo, constituye un delito que puede ser castigado con una multa o una pena de prisión de uno a seis meses. En el caso de que un agente de policía recurra a amenazas o a la violencia física en el ejercicio de sus funciones, la sanción que se aplicará será un tercio más amplia que la pena prevista para el delito correspondiente.

El informe completo puede leerse aquí. También pueden leer más sobre el proyecto "Con la vista puesta en los abusos policiales", así como sobre los derechos de las personas que son conducidas a dependencias policiales y sobre las opciones de que disponen las víctimas de abusos policiales.