En una carta al Tribunal de Distrito de La Haya, el Comité de Juristas por los Derechos Humanos (NJCM) y el Proyecto de Litigación de Interés Público (PILP) sostienen que el gobierno neerlandés debe de dejar de violar de manera sistémica la confidencialidad de las pruebas de los abogados. El 17 de junio, el tribunal estudió el procedimiento de mandamiento judicial cautelar propuesto por los abogados que han sido espiados por el estado neerlandés.

El año pasado se conoció que el Servicio de Espionaje y Seguridad de los Países Bajos (AIVD) está interviniendo a gran escala las llamadas telefónicas entre los abogados de la empresa de Amsterdam, Prakken d'Oliveria y terceras partes. Los abogados reaccionaron presentando una denuncia en el Ministerio del Interior y de Relaciones con el Reino.

Espionaje indirecto

El ministro del Interior, Ronald Plasterk, consideró que habían existido garantías adecuadas para intervenir a los abogados directamente porque el AIVD sigue una norma y directivas internas con respecto a esta capacidad especial. Sin embargo, no se ha definido ninguna norma para la intervención indirecta de comunicaciones confidenciales entre abogados y terceras partes, y por consiguiente la denuncia de Prakken d'Oliveira fue considerada bien fundamentada.

A pesar de ello, el ministro Plasterk rechaza tomar medidas para detener el espionaje indirecto. Por consiguiente, los abogados han solicitado por medio de un procedimiento de mandamiento judicial cautelar que los servicios de espionaje dejen de intervenir y grabar las comunicaciones de los abogados, puesto que sus operaciones no cumplen los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El MJCM y el PILP refrendan esta solicitud y en un expediente de amicus curae solicitan al juez que ordene al gobierno que lleve a cabo los ajustes de las operaciones en curso.

Confidencialidad

Al espiar a los abogados, el Estado está violando su derecho de negarse a prestar testimonio. Este derecho entra dentro del alcance de la protección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un incumplimiento de este derecho sólo se permite si la intrusión está de acuerdo con la ley y es necesaria en una sociedad democrática por los intereses de la seguridad nacional.

Además, el Estado ha violado el derecho a un juicio justo: una profesión judicial independiente y que funcione bien es una parte esencial de un sistema legal justo. Los clientes deben tener la garantía de que las conversaciones confidenciales que puedan tener con sus abogados nunca serán utilizadas en su contra.