Los acontecimientos del año pasado muestran que la UE cada vez tiene menos pulso ante gobiernos que socavan los derechos y las libertades de las personas y que ejercen presión sobre el sistema de controles y equilibrios que mantiene a las democracias fuertes y sanas.

Algunos Estados miembros están aplicando políticas problemáticas que contradicen los valores básicos en los que se basa la UE, establecidos en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Estas incluyen: interferir en la independencia del poder judicial; interferir en la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación; restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC); restringir el derecho a la protesta pacífica; y ataques retóricos y políticas restrictivas dirigidas a colectivos marginados como los migrantes, las minorías étnicas, las mujeres y las personas LGBTI. Además, muchos países de la UE han respondido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 introduciendo medidas demasiado restrictivas, que exceden una respuesta genuina y proporcionada para frenar el brote. En algunos casos, son consecuencias no deseada de políticas miopes. En otros, el resultado de intentos deliberados de dirigentes autoritarios de socavar las libertades individuales y el proceso democrático.

Para evitar que la democracia y la confianza de la población en el proyecto de la Unión Europea sigan deteriorándose, la Comisión debería emplear el SOTEU 2020 para hacer una llamada de atención a los gobiernos y a los líderes de la Unión Europea y dejar claro que no se cederá ante ningún ataque a la democracia y a las libertades. Debería servir para advertir de que cualquier ataque a los valores básicos del Artículo 2 se enfrentará a fuertes sanciones, y para anunciar iniciativas valientes que promuevan su respeto e impidan cualquier otra violación.

Asegurar a la población que la recuperación de COVID-19 incluye el restablecimiento de las libertades

Muchos gobiernos de la UE han adoptado medidas problemáticas en nombre de la protección de la salud pública. Aunque puede ser necesario restringir temporalmente ciertas libertades para salvar vidas y proteger a los grupos de riesgo, en su mayoría, los derechos humanos proporcionan a los ciudadanos las herramientas necesarias para garantizar que sus dirigentes actúen para proteger el bienestar de la población. Sin embargo, muchos gobiernos han respondido a la pandemia limitando innecesariamente esos derechos. Desde restricciones desproporcionadas al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de asociación. Medidas especialmente irresponsables durante una pandemia, cuando la sociedad necesita herramientas de participación civil para garantizar que sus representantes hacen todo lo posible por proteger su bienestar; medidas discriminatorias que probablemente incrementen la marginación y la polarización de nuestras comunidades; así como un exceso de vigilancia y de policía, que puede suponer una invasión de nuestra privacidad a largo plazo, una vez haya terminado la pandemia.

Los ciudadanos esperan que la UE ayude a sus gobiernos a superar la pandemia de la forma más segura posible. Los líderes de la Unión han reconocido la importancia de garantizar la asistencia técnica y económica y la coordinación de la UE para evitar que los gobiernos autoritarios populistas aprovechen el descontento público para avivar el euroescepticismo. Por ello, resulta igualmente importante que la UE utilice las herramientas que dispone para restaurar y promover los derechos y libertades de las personas, de modo que los ciudadanos puedan estar seguros de que sus gobiernos van a responder y trabajar por su bien.

En el SOTEU 2020, la Presidenta de la Comisión debería:

• comprometerse, como parte de su labor de seguimiento a publicar una evaluación exhaustiva del impacto de las respuestas de los gobiernos a la covid-19 sobre los derechos y libertades de las personas;
• advertir que, cuando se identifiquen problemas, la Comisión dirigirá recomendaciones claras a los gobiernos para remediar la situación. Asimismo, aplicar sanciones legales, diplomáticas y políticas tan pronto como sea evidente que un Estado miembro no está dispuesto a implementarlas.
• aclarar que los programas nacionales que se financien con el fondo de recuperación de COVID-19 se evaluarán en función de que sirvan para prestar un apoyo económico significativo a las organizaciones de base de la sociedad civil y restaurauren y fomenten un espacio cívico dinámico.

Protección de las libertades civiles

Muchos países de la Unión Europea están restringiendo activamente las libertades civiles y la capacidad de participación de la sociedad en sus democracias. Entre otras medidas, están censurando de la libertad de expresión, restringiendo el derecho de protesta, y limitando cada vez más el acceso a la información y la posibilidad de participación pública en la toma de decisiones. Asimismo, están creando un ambiente cada vez más restrictivo para los activistas y las OSC mediante la utilización de una retórica hostil y campañas de desprestigio encabezadas por figuras políticas y medios de comunicación afines al poder; hostigamiento a través de acciones legales como auditorías y juicios abusivos; recortes de la financiación pública e intentos de bloquear la financiación privada, y marcos normativos indecuados y llenos de trabas. Los activistas y las organizaciones de la sociedad civil que promueven el Estado de derecho, el pluralismo democrático, los derechos fundamentales, la lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente suelen ser su objetivo explícito.

Las libertades civiles y las OSC son fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia sana, pues son los instrumentos que facilitan a los ciudadanos a practicar la democracia participativa y asegurarse de que sus representantes les escuchan y abordan sus preocupaciones. Los ataques a activistas y OSC resultan aún más preocupantes en estos momentos en que la pandemia supone un obstáculo más para la sociedad civil debido a limitaciones prácticas y económicas. La UE debería intensificar sus esfuerzos para invertir estas tendencias y fomentar un espacio cívico más abierto y dinámico para mejorar el estado de nuestras democracias.

En el SOTEU 2020, la Presidenta de la Comisión debería:

• dejar claro que el respeto de las libertades civiles y de un contexto que facilite la labor de las OSC y activistas será uno de los temas clave de los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de derecho, empezando por el primer informe, previsto para finales de mes;
• comprometerse a identificar las medidas para remediar las preocupaciones existentes y supervisar la aplicación de sus recomendaciones, en consulta con las OSC de base;
• comprometerse a hacer un uso pleno y estratégico de la legislación de la UE que protege las libertades civiles, incluidas las normas sobre competencia, libertades del mercado interior, normas de contratación pública o protección de datos;
• anunciar normativas a nivel de la UE para colmar las lagunas en la protección de las libertades civiles, como por ejemplo una legislación que evite demandas abusivas (conocidas como SLAPP) cuyo objetivo es silenciar a la crítica (activistas, OSC y periodistas independientes);
• instar a los gobiernos de la UE a que revisen el presupuesto del futuro Programa de Derechos y Valores propuesto por el Parlamento, a fin de garantizar que se conceda una financiación adecuada a los activistas y las OSC para apoyar su sostenibilidad financiera a largo plazo y permitirles resistir mejor a los ataques y restricciones.

Fortalecimiento de la capacidad de la UE para promover y proteger los valores del Artículo 2

Hasta ahora, el éxito de la UE a la hora de persuadir a los gobiernos autoritarios a que desistan de sus ataques deliberados hacia los valores básicos del Artículo 2 (la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales) ha sido relativamente modesto.

Las iniciativas de la Comisión y el Parlamento contra Hungría y Polonia, incluida la activación del marco del Estado de derecho y el inicio del procedimiento del Artículo 7, han dependido en gran medida de la voluntad del Consejo de seguir adelante con las sanciones. Al mismo tiempo, las acciones legales y la preocupación expresada abiertamente por diversos dirigentes de la UE no han sido correspondidas con medidas por parte de los partidos políticos de la Unión, que no han suspendido ni expulsado a los partidos nacionales miembros de sus grupos que infringían los valores del Artículo 2, como demuestra el extenso debate sobre la expulsión del Fidesz, el partido gobernante de Hungría, del Partido Popular Europeo (PPE) de centro-derecha. El respeto de los valores del Artículo 2 parece ser presa de los juegos políticos. Pero no tiene por qué seguir siendo así.

En el SOTEU 2020, la Presidenta de la Comisión debería:

• dejar claro que los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de derecho incluirán recomendaciones claras para los Estados miembros cuya implementación será estrictamente supervisada;
• invitar al Consejo a establecer un sistema regular de revisión por pares sobre el respeto de los valores del Artículo 2;
• comprometerse a apoyar la conclusión de un acuerdo interinstitucional sobre el refuerzo de los valores del Artículo 2, tal como ha propuesto la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento;
• invitar a las instituciones de la Unión Europea a una reflexión sobre cómo garantizar una adhesión más estricta a los valores del Artículo 2 por parte de los grupos políticos de la Unión y los partidos nacionales que los integran, basándose en los requisitos existentes para el registro y la financiación de los partidos políticos de la UE;
• instar al Consejo y al Parlamento a que concluyan las negociaciones sobre la propuesta de la Comisión de condicionar la financiación de la UE al respeto del Estado de derecho. Los gobiernos deberían acordar un mecanismo eficaz, que la Comisión pueda poner en marcha sin necesidad de que los Estados miembros lo apoyen por mayoría cualificada, para poder suspender los fondos. Asimismo, se debe garantizar que los beneficiarios finales, incluidas las OSC, sí puedan acceder a través de canales de distribución alternativos
• instar a los gobiernos de la Unión Europea a que revisen el presupuesto del futuro Programa de Derechos y Valores propuesto por el Parlamento y den prioridad a la financiación para promover el apoyo social al Artículo 2.