la Ley Stop Soros es tan ambigua que
prácticamente cualquiera podría infringirla en cualquier
momento.
En octubre de 2018 Amnistía Hungría presentó una denuncia constitucional contra la llamada Ley Stop Soros, que penaliza el apoyo a la inmigración ilegal en Hungría. La organización internacional sostiene que la reforma legal define de una forma tan ambigua el delito que podría aplicarse a prácticamente cualquier persona en cualquier momento, facilitando y dejando un amplio margen para que la ley se aplique de forma impredecible y arbitraria.
HCLU también considera que el paquete legislativo es inaceptable. Considera que las organizaciones registradas de la sociedad civil húngara no llevan a cabo ni apoyan actividades ilegales, sino que trabajan de conformidad con la ley húngara y la legislación internacional en materia de refugiados. La legislación húngara ya preveía cómo actuar ante operaciones ilegales, antes de que se aprobara la Ley Stop Soros. HCLU estima que las organizaciones y activistas que ofrecen ayuda legal a los solicitantes de asilo o que supervisan que el Estado respete los derechos y la dignidad de las personas vulnerables, deberían recibir reconocimiento y no amenazas de persecución penal.
El único objetivo de la ley es amenazar a quienes ayudan a personas
vulnerables.
"Esta sentencia del Tribunal Constitucional en un caso que, en nuestra opinión, es claramente absurdo e inconstitucional nos preocupa profundamente. Stop Soros es una legislación ambigua, contraria la definición jurídica, cuyo único objetivo es amenazar con la cárcel a cualquiera que ayude a personas vulnerables o que esté en desacuerdo con la ilegítima política de asilo del gobierno", ha manifestado Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, sobre la decisión del tribunal.
HCLU comparte la postura de Amnistía y ha expresado su solidaridad con las organizaciones afectadas por la Ley, afirmando que Stop Soros no es más que el siguiente paso en la guerra del gobierno contra los refugiados, los activistas de la sociedad civil y el Estado de derecho en general.