La Unión por las Libertades Civiles de Europa (Liberties) acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que confirma el mecanismo, al que se oponen Hungría y Polonia, que paralizaría la entrega de fondos de la UE a los países que infrinjan sistemáticamente el Estado de derecho y urge a la Comisión Europea a poner en marcha el mecanismo sin demora.

En su declaración, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen declaró sobre la sentencia del TJUE que "lo dictado hoy confirma que estamos en el buen camino".

Balazs Denes, director ejecutivo de Liberties, declaró:

"Sugerimos que la Presidenta debe pisar el acelerador e instamos a la Comisión a poner en marcha el mecanismo sin demora. La UE tiene ahora una herramienta eficaz contra los autoritarios, que hasta ahora no se han inmutado ante las demandas jurídicas o la presión política, pero ahora tienen miedo ante el prospecto de perder el dinero de la UE. Lo hemos constatado por la forma en que Hungría y Polonia se han opuesto al mecanismo y cómo Polonia ha dado señales de que podría dar marcha atrás, ante los recientes ataques en sus tribunales."

En 2018, Liberties publicó una propuesta de mecanismo de condicionalidad que inspiró la Ley que fue finalmente aprobada, pero antes defendimos que la Comisión Europea dispone de bases jurídicas para cortar la financiación de la UE.

Las infracciones sistemáticas del Estado de derecho en ambos países se han detallado en el Informe sobre el Estado de derecho de Liberties 2022, publicado ayer, 15 de febrero de 2022. En Polonia, las mayores dificultades son la creciente influencia política en el sistema judicial, las graves restricciones para el trabajo de los periodistas por las medidas de emergencia, campañas de difamación dirigidas contra las ONG que defienden los derechos de las personas LGBTQI+ y las mujeres o el desafío del gobierno a los principios del Estado de derecho y el sistema jurídico europeo. En Hungría, las principales dificultades que se constatan son la creciente influencia política en el sistema judicial, la corrupción en las altas esferas, el mal uso de los fondos de la UE, la falta de pluralismo en los medios de comunicación, la apropiación del poder por medio de las medidas de emergencia, la represión de las ONG y la propaganda homófoba.